![]() ![]() 18 de Diciembre 2007 Poniendo fin a la inequidad en sentencias Debido a regulaciones federales, acusados que posean más de 50 gramos de crack han sido castigados tan duramente como aquellos con 5,000 gramos de cocaína en polvo. Esto, a pesar de que el crack y la cocaína en polvo surten el mismo efecto. Las sentencias injustas son peores para los africanoamericanos y hispanos. La gente de color resultó afectada desproporcionamente por las penalidades para ambos tipos de cocaína, de acuerdo con el Proyecto de Sentencia. Con una decisión de la Corte Suprema, jueces federales ahora pueden aplicar penalidades más razonables a personas convictas de posesión de crack. Pero también es necesario que la nación se centre en lo que a menudo lleva a la gente a prisión—la adicción a las drogas. En Nueva York, la mitad de los reos en prisiones estatales son ofensores de drogas, muchos de los cuales cometieron crímenes no violentos para mantener su hábito. Para enfrentar la adicción, fiscales como el Fiscal Distrital de Brooklyn, Charles Hynes, promueven estrictos programas de tratamiento como alternativas a aplicar sentencias en algunos casos. Legislación federal como el Acta de Segunda Oportunidad apoyaría este modelo de intervención y mejoraría el tratamiento de drogas en las prisiones. La legislación es crítica. Liberar prisioneros libres de drogas reduce la oportunidad de que vuelvan a prisión. El congresista Charles Rangel ha indicado que unos mil millones de dólares en costos de prisión serán ahorrados con los cambios recientes. Esos son fondos que pueden ser reinvertidos en propuestas como el Acta de Segunda Oportunidad. El Congreso también debe ajustar las sentencias obligatorias. La posesión de cinco gramos de crack conlleva un término de cinco años en prisión. Cocaína en polvo en la misma cantidad puede resultar en libertad condicional. Las sentencias severas por crack pueden complacer a quienes favorecen solamente el castigo contra el crimen. Pero echar a la gente en prisiones no es una estrategia a largo plazo para prevenir y disuadir el crimen.
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